Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
Sábado 27 de octubre de 2012, p. 25
Los gasolineros organizados del país aseguraron que las normas oficiales mexicanas (NOM 005 y la 185), que obliga a las estaciones de servicio a despachar litros completos, no se podrá cumplir en el plazo límite fijado para enero próximo, porque el mercado no tiene suficientes software para las nuevas bombas despachadoras, no hay kits y no existe el número suficiente de empleados de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para inspeccionar el cumplimiento de la nueva reglamentación, entre otras situaciones.
El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Pablo González, dijo que hay alrededor de 2 mil 200 municipios en los cuales la mitad está en pueblitos
en los que no se puede realizar el cambio tan rápido y en el caso de clausuras por personal de la Profeco se podría provocar un desabasto de gasolina. Hay pueblos que sólo tienen una gasolinera y si la clausuran se corre el riesgo de detener toda su actividad
.
Afirmó a La Jornada que la premura por aplicar esta norma, que ahora surgió rasurada
, es para que los funcionarios puedan cobrar sus comisiones en las empresas que fabrican estos equipos. Cada nueva bomba despachadora tiene un valor de alrededor de 10 mil dólares, lo que implicará para todos los franquiciatarios de Pemex erogar más de 6 mil millones de pesos, de los cuales los funcionarios podrían obtener unos mil millones de pesos de pura comisión
.
Hace seis años en la administración del presidente Vicente Fox nos obligaron a cambiar las bombas despachadoras y ésta es una decisión de mala fe porque la mayoría de las bombas despachadoras tienen una antigüedad de apenas cuatro años y ahora quieren que las tiremos a la basura.
Pablo González refirió que incluso altos directivos de Pemex Refinación advirtieron que si se aplica con todo rigor esta nueva norma a partir de enero, sin que las estaciones de servicio tengan el plazo para invertir en el nuevo software se corre el riesgo de un desabasto nacional de combustibles que pone en peligro la seguridad energética.
Pablo Gonzalez explicó: "Los empresarios gasolineros de Amegas festejamos que después de tres años de revisión de las normas 005 y la 185 entrarán finalmente en vigor, ambas fueron presentadas en el programa de normalización, y la Secretaría de Economía (SE) presentó una supuesta prórroga para el 31 de enero de 2013, pero en Amegas hemos estado denunciado todas las irregularidades que se han cometido en la SE, al mando de Bruno Ferrarri. Primero: los gasolineros aceptamos la norma 005 que es la herramienta adecuada para que se vigile a las gasolineras y entreguen litros de a litro; la 185 viene a reforzar ese esquema con el software que el proveedor, que es el dueño del protocolo de propiedad industrial es el que lo maneja, y estamos de acuerdo completamente que se aplique, pero lo que estamos denunciando es que la norma nace hoy parchada
con muchas dificultades que harán imposible la aplicación a corto plazo.
Porque desde 2009 que se implementó la revisión de la NOM la Dirección General de Normatividad presentó su manifiesto de impacto regulatorio y lo presentó durante año y medio y fracasó porque lo presentaron de bajo impacto cuando el impacto era alto por los miles de millones de pesos que implica comprar alrededor de 50 mil bombas. Entonces rechazaron el manifiesto de impacto de la Norma y dispusieron uno nuevo en 2011, y ahora en 2012 se incluyó la revisión de la Norma 005 y la 185 para que se resolviera este año y este programa se presentó desde abril de 2012, pero es muy poco el plazo para que los empresarios gasolineros puedan comprar ese número de nuevas bombas despachadoras.
La norma estipula que "desechemos 50 mil bombas y las compramos entre 2006 y 2007; tienen en promedio cuatro años y medio de uso. Cómo es posible que desechemos las bombas con las que funcionan las 10 mil 50 gasolineras del país con la aparición de esta norma. La corrupción de esta nueva norma es de 6 mil 500 millones de pesos y no se pueden gastar o invertir en un plazo de dos a tres meses.
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