Buscará clase política española frenar los desalojos de viviendas por impagos

Dpa

Periódico La Jornada
Domingo 11 de noviembre de 2012, p. 25

Madrid, 10 de noviembre. Un día después que una mujer se suicidó cuando iba a ser desalojada de su vivienda en el País Vasco –el segundo caso en menos de dos semanas en España– la clase política anunció que el lunes se reunirá para acordar medidas de urgencia que frenen las expulsiones de casas por impagos. Al mismo tiempo, el banco español Kutxabank suspendió de forma inmediata los embargos.

Cientos de miles de personas han perdido sus casas en los últimos años en una España azotada por la crisis, tragedia que ha generado un movimiento de protesta y obligado al gobierno a anunciar que cambiará las normas de desalojo del país.

El propio jefe de gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido que los desahucios de quienes no pagan la hipoteca porque están sin trabajo se han convertido en la cara más visible de la crisis que azota a España, que a su vez tiene una tasa de desempleo de 25.8 por ciento de su población, la mayor de todos los países industrializados.

Unas 350 mil personas han perdido sus casas desde 2008 por no pagar las hipotecas y se calcula que otras 200 mil están a la espera de que se ejecute la orden.

El suicidio de Amaia Egaña, de 53 años, casada y con un hijo, ocurrido el viernes cuando se arrojó al vacío de un cuarto piso en Barakaldo, al momento que una comitiva judicial se disponía a sacarla de su vivienda, es el más reciente hecho de esa naturaleza que tiene conmocionada a la sociedad española.

Tras el caso, el gobierno del conservador Mariano Rajoy, que un día antes había anunciado un acuerdo con la oposición socialista para modificar la actual ley de desahucios, anunció que los mismos quedan suspendidos por el momento en el caso de las familias vulnerables.

Decenas de personas amenazadas con el desahucio por no poder pagar las hipotecas de bancos (único sector que ha sido rescatado por el Estado) organizaron desde hace dos semanas un campamento de protesta frente a la sede del grupo Bankia en Madrid, uno de los más expuestos al impago de las hipotecas.

Los colchones están apilados delante de la oficina de Bankia, donde los manifestantes recolectan firmas para una iniciativa parlamentaria en defensa de quienes no pueden hacer frente a las hipotecas. Un ataúd en miniatura con un esqueleto cuelga de la puerta del banco, con el texto: víctima de la crisis. Un cartel exige el fin de la dictadura de los bancos.

Hace una década la economía del país estaba en auge, impulsada por el mercado inmobiliario y la construcción. En 2004 y 2005 se edificaron más de un millón de viviendas y los bancos otorgaron créditos incluso a personas de bajos ingresos y sin ahorros.

La crisis global alcanzó a la burbuja inmobiliaria española. Se calcula que la economía en recesión caerá 1.5 por ciento este año, mientras que más de un cuarto de la fuerza laboral española está desempleada.

Yo trabajaba en la construcción y mi esposa no tenía ingresos regulares, pero el banco no dudó en darnos una hipoteca de 270 mil euros (unos 350 mil dólares), relata Freddy, procedente de Ecuador y quien no quiso decir su apellido.

No tengo trabajo desde hace dos años y medio, y ya no puedo pagar la hipoteca. No puedo dormir pensando en que pronto me voy a quedar sin techo. Tendré que luchar con una montaña de deudas hasta que muera y mis dos hijos heredarán la deuda, lamenta Freddy.

A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y en muchos países europeos, los españoles que no pagan su hipoteca no pueden entregar la casa a los bancos para saldar la deuda y deben responder por la totalidad del préstamo. Los acreedores pueden exigir a los deudores que sigan pagando a la vez que venden las casas sacando beneficio, según los abogados que defienden a los desahuciados.

Las hipotecas no pagadas forman parte de los activos tóxicos que han llevado al borde de la quiebra al sector bancario español. La eurozona ha ofrecido ya un rescate de hasta 100 mil millones de euros a España para apuntalar a estos bancos.

En vez de inyectar decenas de miles de euros en los bancos, el gobierno debería usar parte del dinero para ayudar a los desempleados que no pueden pagar la hipoteca, propusieron siete jueces en un informe enviado al Consejo General del Poder Judicial.

El caso este viernes de Amaia Egaña en Barakaldo se sumó en las últimas semanas a los de José Miguel Domingo en Granada que se colgó horas antes de ser desahuciado. Y otro afectado saltó del balcón de su vivienda cerca de Valencia, aunque sobrevivió con graves heridas. Unos 46 jueces pidieron esta semana cambios para humanizar la legislación, que data de 1909. El jueves, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) les dio la razón: las normas españolas no protegen a los consumidores de posibles cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

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