Manifestación este jueves frente al Parlamento español, en Madrid, en repudio a las políticas de austeridad que incluyen recortes de personal y privatización de servicios que proporciona el EstadoFoto Reuters
El ministro de Economía español, Luis de Guindos, este jueves en el Parlamento durante la aprobación del presupuesto para 2013Foto Reuters
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 21 de diciembre de 2012, p. 25
Madrid, 20 de diciembre. El gobierno conservador de la Comunidad de Madrid, presidido por Ignacio González, no alteró ni un ápice su proyecto de privatización del sistema de salud pública a pesar de que durante las últimas semanas se ha registrado una movilización histórica y multitudinaria de todos los trabajadores del sector, los pacientes y un amplio segmento de la sociedad. Los dirigentes del Partido Popular (PP) tildaron de irresponsables
a los cirujanos, médicos, pediatras, anestesistas, enfermeros, científicos y auxiliares que respaldan las protestas, al mismo tiempo que alrededor de la mitad de los directivos de todas las clínicas de la región anunciaron su renuncia inmediata una vez aprobado el proyecto.
Madrid, al igual que el resto de España, se enfrentan a una serie de proyectos de privatización de los servicios públicos impulsados por el PP, una formación política que gobierna con mayoría absoluta en más de dos terceras partes del país y que durante las sucesivas campañas electorales defendió unas propuestas antagónicas a las que está aplicando. En relación al sistema de salud pública, durante la reciente campaña presidencial se comprometió a garantizar su gratuidad, su condición universal y trabajar de manera conjunta con los trabajadores del sector, que forman a su vez uno de los sistemas públicos de salud más prestigiosos del planeta.
El gobierno de Rajoy en tan sólo un año ha incumplido más de 90 por ciento de su programa electoral. En materia de salud pública ocurrió lo mismo; de su compromiso original se dio paso a un plan con el que se pretende cobrar por recetas médicas, por consulta, por el uso de ambulancias a los enfermos crónicos y hasta por usar las infraestructuras médicas.
En el proyecto privatizador de la salud pública Madrid se ha convertido en la vanguardia del PP y del gobierno central, al presentar hace poco más de un mes un agresivo plan con el que pretenden privatizar 27 ambulatorias y seis hospitales, además de transformar algunos centros especializados y de investigación en centros geriátricos que sean más rentables
. De forma simultánea a la presentación del proyecto se inició una movilización histórica, conocida como la marea blanca
o el tsunami blanco
, en alusión al color distintivo de las batas de los médicos, en la que se unieron todas las organizaciones de todos los sectores de trabajadores de la salud pública. Desde los auxiliares de enfermería hasta los cirujanos más prestigiosos y galardonados del país. Y todos bajo un mismo clamor y advertencia: un no rotundo a la privatización de la salud pública porque provocará una merma en la calidad de la atención y pondrá en riesgo a la sociedad.
Pero ni las manifestaciones masivas ni los encierros en los hospitales ni las huelgas de hambre de varios médicos movieron un ápice las intenciones del gobierno regional. En el pleno de la Asamblea de Madrid el derechista PP aplicó su mayoría absoluta y se aprobó con el rechazo del resto de los grupos, con la excepción del también conservador Unión Progreso y Democracia (UPyD), que se abstuvo. El plan se incluyó en la partida de los presupuestos y en la ley de acompañamientos, con el que aseguran que ahorrarán 200 millones de euros.
Por eso los directivos de 118 centros clínicos de Madrid presentaron su dimisión en bloque y presentaron sus argumentos de manera pública, al sostener que durante las últimas semanas los profesionales sanitarios de Atención Primaria le han trasladado de forma absolutamente mayoritaria el rechazo al plan. Una vez aprobado el citado plan de sostenibilidad, y ante la inminencia de la privatización de la gestión de un elevado número de centros de salud, deseo transmitirle mi deseo de no participar en actividad organizativa alguna que suponga una aceptación de dicho plan. Por tanto, le presento mi dimisión como responsable a partir del mismo día de la publicación de los pliegos para externalizar la gestión de cualquier centro de salud
.
El presidente madrileño les respondió que los directores que consideren que quieren dimitir, bienvenido sea. Nosotros tomaremos las decisiones correspondientes para garantizar el funcionamiento de los centros y atención a los ciudadanos, que es lo más importante
. Y añadió que los médicos están utilizando a los pacientes para esas reivindicaciones y no tiene sentido que hayan suspendido 4 mil operaciones, 30 mil consultas, que se estén retrasando las altas para intentar colapsar el funcionamiento de los hospitales. Es una irresponsabilidad y los ciudadanos tienen que tomar buena nota de que los profesionales están haciendo sus reivindicaciones a costa de ellos y esto no debería ser
.
El funeral
Mientras, a las puertas del Parlamento español una manifestación de unas mil 500 personas celebró el funeral simbólico del estado de bienestar, al coincidir con la aprobación de los presupuestos generales del próximo año, los más restrictivos con las políticas públicas y que destinará más de 25 por ciento al pago de intereses por la deuda pública y el costo del financiamiento del país. Los ciudadanos convocados por Plataforma del 25S prendieron unas veladoras e iban de riguroso luto, al tiempo que expresaron su rechazo más radical a la gestión del actual gobierno, que a su juicio está perpetrando una burla a la democracia y una agresión sin precedentes a los derechos sociales
.
Aprueba la UE mil 865 millones de euros para 4 bancos españoles
En Bruselas se informó que la Unión Europea aprobó este jueves la inyección de fondos por mil 865 millones de euros para cuatro bancos españoles, en la segunda fase de una restructuración al sector bancario del país.
Las instituciones que se beneficiarán de estos recursos son Liberbank, Caja 3, Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco CEISS (Caja España-Duero).
También se determinó que España recibirá un total de 39 mil millones de euros de Bruselas para el rescate de sus bancos, lejos del límite de 100 mil millones de euros de la línea de crédito autorizada por Europa. El gobierno español de Mariano Rajoy había calculado un rescate de 40 mil millones de euros.
Los fondos que inyectará Bruselas provienen del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
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