Miriam Posada García
Periódico La Jornada
Lunes 25 de febrero de 2013, p. 29
La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) no debe eliminar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) para crear un instituto ciudadano, porque eso no garantizará la competencia ni dará certidumbre al sector, advirtió el Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones (Idet).
Por separado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que la secrecía y opacidad con la que se ha manejado la información sobre el contenido de la reforma, obliga a prever que ni los partidos ni los legisladores se atreverán a hacer cambios de fondo para no afectar a los poderes fácticos, y mucho menos para beneficiar a los usuarios de servicios de telecomunicaciones.
El Idet y la Amedi coincidieron en que la reforma se debe abrir a la participación de organismos especializados como estos, académicos, a la sociedad y a las empresas que participan en el sector.
A la espera de que se den a conocer las reformas que se harán a la LFT sólo hay rumores sobre el futuro de uno de los sectores con más crecimiento en el país, pero también en el que se concentran los intereses de las empresas con más poder económico y político.
El Idet señaló que conforme a declaraciones de representantes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que participan en el Pacto por México, una de las propuestas en la reforma consiste en desaparecer a la Cofetel para sustituirla por un instituto ciudadano
que tendría autonomía constitucional
. La medida, advirtió el Idet, lejos de mejorar la eficacia regulatoria la puede empeorar
.
El organismo que preside Gerardo Soria argumentó que un organismo autónomo sería inconstitucional, porque el artículo 27 de la Carta Magna señala que la facultad de otorgar y revocar concesiones es del Poder Ejecutivo. Señaló que no existe referencia internacional de un instituto ciudadano
como regulador de telecomunicaciones, y puntualizó que en la mayoría de los países desarrollados los reguladores tienen autonomía técnica, pero no dejan de formar parte del Ejecutivo.
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En la reforma en telecomunicación deben participar los especialistas
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