L
a reciente reforma a las telecomunicaciones impulsada por el gobierno federal y las tres fuerzas políticas principales ha contando con un amplio consenso. Hay desde luego muchas voces críticas que subrayan los puntos que habrían de añadirse o modificarse. En sus imperfecciones –y qué iniciativa política no lo es– esta reforma condensa el centro de la estrategia del gobierno de EPN. Recuperar el poder del Estado delimitando el campo de acción de los poderes fácticos. Desde el discurso de toma de posesión hasta esta reciente reforma, pasando por la iniciativa educativa y el encarcelamiento de la maestra Elba Esther ese ha sido el eje articulador. El arreglo institucional utilizado, el llamado Pacto por México, ha roto la inercia política.
El régimen que emergió de la transición en 1997 había estado en permanente equilibrio inestable. La coalición por el status quo, integrada por las tres principales fuerzas políticas y por muchos actores económicos relevantes, reconocía estar administrando una lenta pero notoria decadencia. Pero el temor a perder los privilegios, las rentas y las influencias, constituía una barrera infranqueable a las transformaciones del propio régimen, que todos reconocían necesarias. Diferían desde luego en el contenido de las reformas y en su priorización. Los unificaba el temor a emprender reformas que los terminaran dejando solos y que en consecuencia beneficiaran a sus adversarios electorales.
Una de las tarea básicas: dirimir con reglas claras los conflictos terminaba siendo un ejercicio casuístico que sólo abonaban más al deterioro. La otra función central de una coalición de gobierno: representar los intereses y las pulsiones de distintos segmentos de la ciudadanía ni qué decir. Estábamos pues, en presencia de un sistema de partidos quebrado y un poder de estado fragmentado.
Todos los actores se sabían víctimas y prisioneros de un arreglo que basado en la desconfianza mutua y el agandalle, llevaba a la decadencia. No existían incentivos para tomar riesgos que rompieran la parálisis.
Se ensayaron varios atajos institucionales. El más notorio consistía en modificar las reglas de composición en el Congreso para garantizar mayorías parlamentarias con un porcentaje minoritario del voto nacional efectivo. El rechazo fue grande.
Después las estrategias electorales de los tres partidos siguieron la ruta de las elecciones anteriores: forzar un plebiscito entre dos de las tres opciones. La estrategia del PRI en realidad buscaba ganar antes del día de la votación. La irrupción del #YoSoy132 modificó sustancialmente el panorama electoral. Los resultados con todo y sus cuestionamientos volvieron a mostrar lo que habíamos visto desde 1997: un electorado dividido en tres partes que impedían la emergencia de una mayoría nítida.
Entonces surge desde el campo conservador otra fórmula enunciada así: dado que las reformas que se necesitan
no serán apoyadas por las izquierdas lo esencial para gobernar sería un pacto PRI-PAN. Esa opción transportaba un potencial enorme de desestabilización al marginar a las izquierdas, habría fortalecido las posiciones extremas en el espectro político y no garantizaba siquiera la ruptura de la inmovilidad política.
La respuesta fue el Pacto por México incluyendo a los tres partidos principales en una especie de cogobierno desde el congreso y que ha roto la inercia porque ha generado una dinámica en donde todos ganan, pero todos pueden perder. No es obviamente un pacto simétrico: estar en la dirección del gobierno federal da una mayor ventaja. El punto unificador ha sido recuperar el poder del estado y reconstituir un poder fragmentado que estaba siendo usufructuado por los poderes fácticos.
¿Es este un pacto de largo plazo premonitorio de un cambio de régimen? ¿Lleva a una restauración autoritaria? ¿Qué gana la oposición? Me gustaría explorar estos temas en mi siguiente artículo.
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