E
n plena temporada de reformas tramitadas por el gobierno, que abarcan al mismo tiempo demasiados planos de esta sociedad, la economía y el papel del Estado, hay imágenes que dicen mucho de las condiciones en las que se ha puesto al país.
En las planas de los diarios se ven a la par las notas sobre la fuerte desaceleración de la economía y la creación de empleos, junto con vistas de las calles y el Zócalo de la capital y otras ciudades colmados de gente que protesta; por ahora, en especial, los maestros.
Las reformas deben tener un objeto político claro, una visión sistémica, una secuencia determinada, un orden y plazos definidos una capacidad efectiva de realización. Requieren una base de acuerdos no cupulares que las hagan sostenibles.
Pero no es así. Se amontonan provocando una creciente disonancia entre los involucrados y confusión entre los ciudadanos, agravada por las enormes distorsiones de la comunicación oficial y sus ecos oportunistas en la gran mayoría de los medios de comunicación.
Las caídas de la producción y del empleo han sido muy fuertes y aun no se establece un consenso de la magnitud que tendrá este año. De ello corresponde la responsabilidad a la administración de las finanzas públicas y en particular al ejercicio del gasto del gobierno. Las razones no son claras y eso abre la puerta a distintas interpretaciones y no solo a las de carácter técnico y supuestamente neutrales. A esto se suma la especulación financiera que provoca la dinámica del mercado interno y que se enreda con las crecientes salidas de capitales generados por los cambios en la política monetaria de Estados Unidos.
La Reserva Federal de EU anuncia que pronto reducirá su intervención en los mercados, del orden de 85 mil millones de dólares mensuales, con lo que mantiene bajas las tasas de interés para alentar la recuperación económica. Ante la perspectiva de tasas más altas los capitales salen de los países emergentes para colocarse en dólares. El Banco de México ha señalado que intervendrá para frenar la depreciación del peso. Lo que habrá es una mayor volatilidad que no mejorará las perspectivas de crecimiento del producto.
Los maestros en la calle protestan por una ley que se centra en su evaluación y carga sobre ellos el peso de la crisis educativa, pero que ignora el muy largo y sistemático deterioro general y calculado de la educación pública. Una posición razonada del gremio fue expuesta ayer con claridad en este mismo diario por el profesor Pedro Ramírez Vázquez y amerita una reflexión ciudadana de la política educativa seguida durante décadas como parte de una gestión macroeconómica y social impuesta desde 1980 y en el marco de un control sindical con los peores modos corporativos del país.
Es notoria la falta de presencia de la SEP en las disputas de que ha desatado la reforma. Lo que ocurre entonces es el más evidente control ejercido por la autoridad presidencial sobre los legisladores del PRI, eso sí, de una férrea disciplina. Además se abre un amplio espacio para aquellos que ven el la educación un campo fértil para la privatización y la influencia ideológica contra lo público y lo laico. La educación pública de calidad y con suficiente cobertura es un cimiento clave de una sociedad decente. No es ese el camino que ofrece la reforma que culpa a los maestros y los criminaliza.
La ley de educación se aprobó en el Congreso y eso no lleva al final del conflicto magisterial que pronto puede verse agravado con el asunto de la reforma energética. Esta, por su parte, se ha planteado sobre una base de catastrofismo en la industria petrolera nacional y en donde se esconden muchos aspectos de la gestión de Pemex: el uso que se hace con sus abundantes utilidades, la corrupción rampante, las cargas fiscales excesivas.
La apertura que se propone tiene bases endebles en materia operativa, financiera y de gestión. Encubre un proyecto presentado como la salvación de la industria pero sin una estrategia clara de desarrollo de los recursos, de su industrialización y sus lazos con el resto de la producción agrícola, industrial, de servicios, con el financiamiento, el desarrollo de personal calificado y la protección ambiental.
Todo se sustenta en los contratos de utilidad compartida con las empresas petroleras como una panacea para el renacer de un Pemex fénix, pero con una política energética general coja y disfuncional. Así que las premisas básicas: bajar precios y aumentar el empleo y el producto nacional son bastante improbables. Pero la voluntad de escuchar, ponderar y adaptar las propuestas de reformas son, hasta ahora nulas. Las decisiones están tomadas.
La reforma de las telecomunicaciones independientemente de sus carencias no acaba siquiera de asentarse ante la reciente posposición del nombramiento de los nuevos comisionados del flamante Ifetel (y la Cofeco).
Todo va quedando trunco, sin realización efectiva y en las sombra están otras reformas que se han planteado como cruciales como son la financiera y la fiscal que se gestionarán en el Congreso con los mismos métodos. Ausente está la siempre pospuesta reforma del Estado. En este primer año de gobierno se juega el curso del sexenio y lo que se ve no es alentador sea de un modo o del otro.
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