E
stamos en el Reino Unido de julio de 2011. Tenemos enfrente el famoso White Paper (Planning our electric future: a White Paper for secure affordable and low carbón electricity) presentado al Parlamento por el secretario de Energía y Cambio Climático del gobierno de Reino Unido, Chris Huhne. En su presentación, el secretario asegura que si bien, desde los años 80 la industria eléctrica del Reino Unido fue privatizada y ha suministrado electricidad de forma asequible y segura, ya no puede enfrentar los retos del futuro: proporcionar energía eléctrica de forma segura, asequible y libre al máximo de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero por qué no puede? El texto lo explica. En los próximos 10 años, cerca de una cuarta parte de la capacidad existente de un total de 90 mil megavatios (MW) deberá ser sustituida. En México, por cierto, ya casi llegamos a 60 mil MW instalados. Así, a decir de Huhne, deberá ser sustituida buena parte de las carboeléctricas y una parte importante de las nucleoeléctricas. Hoy, respectivamente, representan 28 y 17 por ciento del total, es decir, 25 mil y 15 mil MW.
¿Por qué sustituirlas? Por alta contaminación las primeras y por obsolescencia parte de las segundas. En términos de una generación total de 364 teravatioshora (TWh) registrada en 2012, equivalen a 30 y a 19 por ciento, cifras muy similares a las de su participación en la capacidad antes señalada. Pues bien, el sistema actual –de nuevo, dice Huhne– no garantiza la inversión necesaria, no sólo para sustituir esa capacidad contaminante o vieja (27 mil MW), sino para construir –en tiempo y forma– la nueva capacidad que el crecimiento de la demanda de electricidad exige. Algo similar, por cierto, sucede en otras experiencias de mercado eléctrico, en las que hoy se sigue analizando la necesidad de hacer un cargo especial por la capacidad utilizada, no sólo por la energía consumida, para dar garantía a la ampliación y expansión del sistema eléctrico, en los términos que exigen los retos de incorporación de renovables y del Cambio Climático. Y, sin embargo y en este contexto, la propuesta británica de reforma alcanza un horizonte de 30 años para que –según se afirma– se logre un nuevo sistema robusto, confiable, asequible y, sobre todo, limpio y de bajas emisiones. Esto, por cierto, me recuerda mucho una advertencia que hace unos dos o tres años hiciera en un trabajo sobre el diseño de los mercados eléctricos William Hogan –prestigiado especialista estadunidense de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard– para quien uno de los retos fundamentales del diseño de las nuevas estructuras de la industria eléctrica era –sin duda sigue siendo– la capacidad de reunir la inversión necesaria para que el desarrollo de la infraestructura eléctrica no sólo permita atender con justeza la demanda del fluido eléctrico en el momento y en el lugar requeridos (es decir sin apagones
) sino también con máxima mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque también –y sin duda– con los costos más eficientes posibles, lo que en buen romance significa con las tarifas más bajas posible.
A este respecto, por cierto, no deja de sorprender la aguda advertencia que formulan los evaluadores de la experiencia del Reino Unido –parecen disculpas anticipadas– en torno a la imposibilidad práctica de disminuir o, al menos, mantener estables las tarifas de electricidad en la Gran Bretaña. Por el contrario y con lo que –en mi opinión– es un ejercicio de honestidad intelectual, advierten la altísima probabilidad de que, al menos durante los primeros años del periodo 2010-2030, las tarifas eléctricas se eleven. ¿Por qué? En primer término, por la necesidad de garantizar –a través de contratos de largo plazo– adecuada rentabilidad a los inversionistas de centrales –primordialmente a los de nulas o bajas emisiones de gases de efecto invernadero, incluidos las renovables de generación discontinua o intermitente, pero también las nucleares– para que sostengan sus desembolsos hasta lograr el cambio que el sistema requiere.
En segundo por la necesidad de apoyos para lograr una nueva estructura institucional que permita sostener no sólo esas centrales limpias
(incluidas las nucleares de operación continua y las renovables de operación discontinua), sino todo el nuevo esquema que exige –parecen aceptar– mayor intervención gubernamental. Y en tercer término, para garantizar la adecuada formación de recursos humanos que respalden y den vida y eficacia a esa nueva arquitectura institucional, de frente –primordialmente– a lo que muchos teóricos descubren como insuficiencias o fallas de mercado. De nuevo, pero ahora respecto a esto, me permito recordar la advertencia que muy recientemente ha formulado el respetable y respetado Stephen Littlechild, crítico regulador en el Reino Unido y profesor emérito de la Universidad de Cambridge, al indicar que en esto de los mercados eléctricos aún hay mucha incertidumbre y gran controversia. Y que las direcciones gubernamentales dirigidas a dar mayor seguridad y limpieza al suministro eléctrico, orientan hacia tarifas más elevadas aunque –indica– con mayor transparencia respecto al origen, términos, condiciones y periodos de ese ascenso. En momentos en que parecería existir un ánimo por resolver –en dos o tres semanas de este o del otro año– una problemática tan compleja, pero tan sensible para la población, no deja de ser útil analizar las observaciones y evaluaciones internacionales. Las del Reino Unidos son –de veras– unas de las más útiles. Sin duda.
NB. Nunca estará de más abrazar y agradecer una y otra vez a Raúl Álvarez Garín. Nunca.
antoniorn@economia.unam.mx
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