Carlos FernÃ¡ndez-Vega: MÃ©xico SA

n 1994 se despetrolizaron las finanzas públicas (según público anuncio de CSG), pero desde entonces la dependencia del erario por el ingreso petrolero no ha dejado de crecer, a grado tal que a estas alturas de cada peso presupuestal alrededor de 40 centavos los aporta el oro negro. Año tras año, en el armado del presupuesto de egresos de la federación, las primeras cuentas que hacen en la Secretaría de Hacienda giran en torno a cuánto ingresaría a las arcas públicas por el concepto referido.

En ocasiones ese cálculo resultaba acertado; en otras no tanto. Pero a partir de la reforma energética, la Secretaría de Hacienda –versión oficial– ya no sabe ni cuánto, ni cómo, ni dónde aparecerá el dinero proveniente del petróleo, porque, dice, es imposible garantizar el porcentaje de renta petrolera que se obtendría en un periodo dado; es decir, no tiene idea (otras vez, versión oficial) de cuánto cobraría a los inversionistas privados por clavar los colmillos en el oro negro mexicano; tampoco cómo se los cobraría, y mucho menos dónde brotaría el producto por el que, se supone, deberían pagar los neovampiros.

El contexto es el siguiente: ante las críticas de diputados de todos los partidos, respecto a que la iniciativa de ley de ingresos sobre hidrocarburos no define la obligación de un porcentaje específico de la renta petrolera que pagarán las empresas beneficiadas con contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, la Secretaría de Hacienda reconoció que no hay forma de garantizar un monto específico a pagar por parte de las compañías. Nadie sabe, nadie supo.

La lógica es que sea en los procesos de licitación; el porcentaje preciso dependerá de cada tipo de campo, ya sea de gas de lutita, de yacimientos en aguas someras o aguas profundas. No es posible hablar de un monto preciso. La lógica es que con los contratos (de utilidad compartida, CUC) se dé la vuelta a la declinación en la plataforma y observemos incrementos en los ingresos, en un periodo de transición de 10 años, explicó el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

La lógica, pues, pero con qué parte de ella calcularán el ingreso petrolero para el armado presupuestal de los privatizados años por venir. Lo cierto es que los reformadores se niegan a hacer público el porcentaje que el gobierno peñanietista está dispuesto a conceder a los citados inversionistas con tal de que, como piensan en Los Pinos y Hacienda, caigan como moscas sobre el oro negro nacional y, así, den fe de lo resultona que fue la reforma energética.

Los expertos en este tipo de contratos de utilidad compartida (¿de a cómo la rebanada?) comentan que, en efecto, los porcentajes autorizados varían, aunque un promedio medianamente aceptable giraría en torno a 70 por ciento (a favor de los privados, desde luego). Aun así, en algunos países se registran casos dónde tal proporción se eleva a 98 por ciento. Entonces, si estas cifras encajan en la lógica gubernamental, que vaya encontrando otro filón, porque tales inversionistas dejarán al erario y al país en calzoncillos, si bien va.

Entonces, todo indica que la tan cacareada despetrolización de las finanzas públicas se alcanzará por la rigurosa vía de los hechos, toda vez que ya no se sabe si cínica o inocentemente los funcionarios de Hacienda creen que las trasnacionales petroleras llegarán a México a contribuir al desarrollo nacional, que puntualmente pagarán impuestos, que generarán miles de empleos formales y bien remunerados, y que, en fin, se comportarán como señoritas decentes, es decir, lo mismo que dijeron cuando la banca foránea arrasó con el sistema financiero otrora nacional y, desde luego, con los bolsillos de su clientela.

¿Cómo armarán el presupuesto de egresos? Pues con la lógica, pero en vía de mientras vale recordar que cuando Salinas de Gortari despetrolizó las finanzas públicas el ingreso petrolero equivalía a 4.9 por ciento del producto interno bruto (cerca de 30 centavos de cada peso presupuestal provenían del oro negro). Al cierre del sexenio calderonista, y ya despetrolizadas las susodichas finanzas, esa proporción se elevó a 7.6 por ciento del PIB (35 centavos de cada peso presupuestal).

En este espacio se ha comentado que la creciente dependencia de las finanzas públicas del ingreso petrolero comenzó con el cambio de modelo económico, con la llegada a Los Pinos de Miguel de la Madrid y la tecnocracia, es decir, cuando el gobierno liberó a la gran empresa privada de pagar impuestos (por medio de la evasión legal, las exenciones, la cancelación de créditos fiscales y conexos), en medio del estancamiento económico y la crisis recurrente.

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación lo ha documentado a detalle: de 1938 (año de la expropiación cardenista) a 1984, el importe total anual de los impuestos, derechos y aprovechamientos pagados por Pemex y sus organismos subsidiarios no tuvo representatividad en relación con el producto interno bruto. A partir de 1985 (con Miguel de la Madrid) comenzó a incrementarse la carga tributaria (a la paraestatal) al igual que la proporción respecto del PIB, al pasar de 0.1 por ciento ese último año a 7.6 por ciento en 2012, con Felipe Calderón, de tal suerte que Pemex fue utilizado como caja grande para tapar los agujeros fiscales abiertos por el gran capital.

Así, de 1994 (año de la despetrolización de las finanzas públicas) a 2012 el ingreso petrolero como proporción del PIB se incrementó 55 por ciento, de acuerdo con los propios indicadores gubernamentales. Otro elemento a considerar es que los impuestos, derechos y aprovechamientos aportados por Pemex al presupuesto de egresos de la Federación se incrementaron la friolera de 404 por ciento entre 2002 y 2012, al pasar, en números cerrados, de 179 mil a 903 mil millones de pesos entre un año y otro.

Las rebanadas del pastel

Con cariño, para el discurso oficial: la confianza del consumidor, un indicador de percepción sobre el presente y futuro económico del país y de los hogares, registró en mayo de 2014 una caída de 4.5 por ciento respecto del nivel donde se encontraba hace un año, informó el Inegi. El declive fue causado por el hundimiento anual de 7.9 por ciento en la sensación que hay en los hogares sobre la situación económica presente del país, comparada con la de hace 12 meses, así como en el desplome de 9.7 por ciento en la expectativa respecto de las condiciones de la economía mexicana esperadas dentro de un año (La Jornada, Juan Antonio Zúñiga).

Twitter: @cafevega

D.R.: cfvmexico_sa@hotmail.com

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