L
a fase de la comunicación rutilante desde el gobierno que se impuso durante casi un año y medio se truncó de modo abrupto. No es lo mismo anunciar planes, proyectos, reformas promisorias y expansiones productivas esperadas, que toparse con múltiples víctimas mortales de la violencia que asuela al país, explicar qué sucedió y encontrar y castigar a los responsable de los hechos.
Luego de un mes y medio no se encuentra a los normalistas de Ayotzinapa, no se aclara qué ocurrió en Tlatlaya y se hallan cada vez más fosas llenas de cuerpos en la zona de Iguala. El tiempo corre en contra de una averiguación que sea convincente. La legalidad está en vilo. La inquietud crece y ahora la comunicación no fluye. Al machacón eslogan de mover a México corresponde hoy una única pregunta: ¿Hacia dónde?
Este es un cambio sustancial del panorama del país y obliga a un replanteamiento radical del modo en que se mira a sí mismo. Esa mirada no es única. La que proviene del gobierno diverge de forma creciente con la que surge de la sociedad. Y en la sociedad misma, siendo tan desigual y con una cohesión cada vez más deshilvanada, también hay posturas muy distintas. Pero si algo pudiera amalgamar una idea consistente y renovada del país es el desmoronamiento de la seguridad pública, el significado y las consecuencias del poder que ha adquirido la delincuencia y la descomposición de buena parte de la estructura política financiada con los impuestos que paga la población. La tarea es ardua sin duda y no sabemos si contamos con los elementos requeridos para llevarla a cabo.
El profundo desmoronamiento que ha tenido la comunicación oficial ha sido patente. Y no se limita al asunto central de la política visto de modo convencional y asociada con la capacidad de gobierno. Parte clave de la política es, igualmente, la gestión de la economía. En este campo también hay un desgaste apreciable de qué, cómo y a quién se comunica sobre el curso de la economía, su estado actual y las expectativas que existen sobre el crecimiento de la producción y sus consecuencias.
La abundancia de información económica es un hecho contundente. Pero esto se contrapone muchas veces con su calidad, oportunidad y significado. Así, el acceso a la información suele producir una especie de intoxicación, es difícil de digerir; puede provocar confusión más que una orientación útil para comprender los complejos procesos de la economía global y las formas en que ella se manifiesta en el terreno más delimitado de los mercados nacionales en los que se mueven, finalmente, quienes trabajan, los negocios productivos y las inversiones financieras y el mismo gobierno con las cuentas públicas.
Para los ciudadanos se requiere claridad en la presentación, consistencia de los datos y del análisis que se ofrece de los mismos y sobre todo coherencia entre lo que se dice y lo que pasa en la calle. Tiene que servir para algo. No puede convertirse en un bombardeo ante el cual haya que protegerse.
Mientras los analistas privados de dentro y fuera del país estiman que el PIB puede crecer este año tan sólo 2.2 por ciento o aún menos, la Secretaría de Hacienda en su reciente informe sobre la situación económica publicado el 30 de octubre mantiene su pronóstico original de 2.7 por ciento. La información ofrecida señala que el gasto público se usa para promover la actividad productiva, que el empleo formal crece (aunque se mantiene muy por debajo de los requerimientos del mercado laboral). Esto contrasta con el apocado dinamismo de la actividad económica y con el aumento constante de la deuda pública. El financiamiento bancario crece pero no alcanza a la mayoría de las empresas que son las de tamaño pequeño y mediano. El gasto administrativo aumentó hasta el tercer trimestre del año 17 por ciento más que el año anterior. Los subsidios, transferencias y aportaciones, que incluyen los programas de apoyo a la población más vulnerable, aumentaron 17.6 por ciento. Lo relevante sería que estos gastos fueran disminuyendo en la medida en que la población se hiciera menos vulnerable.
En el caso del Banco de México se insiste en la fortaleza macroeconómica aun en este periodo de mayor volatilidad a escala global. Pero el peso lo ha resentido y la inflación tiende al alza. Los cambios en la política monetaria de Estados Unidos con una menor intervención del banco central y los que se aplicaron en Japón en la dirección contraria provocarán un cambio en las decisiones de los inversionistas.
El caso es que la información económica está dirigida a un público reducido y muy especializado, y no a quienes le afecta de modo más directo lo que ocurre con la producción, los precios, el costo y la disponibilidad del crédito y la oferta de trabajo formal. Y no se trata de hacer populismo con la información económica y financiera, sino que no se excluya a la población y hacerla útil. Esa es la verdadera educación financiera de la que se preocupa tanto la misma Secretaría de Hacienda.
La comunicación económica debe ser creíble. Pero en tanto el secretario de Energía afirma que la violencia en el país no disuade a los inversionistas extranjeros, el gobernador del banco central reconoce lo evidente, que sí tiene un efecto adverso.
La comunicación entre el gobierno y la sociedad está fracturada. La cuestión que debemos asumir se refiere a cómo nos haremos cargo de todo esto, con qué recursos contamos y en qué instituciones nos apoyaremos.
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